Este mes de diciembre se ha aprobado el segundo trasvase consecutivo de 7,5 hm3 sólo para abastecimiento. La argumentación que se publica en el BOE para justificar que no se atienda el trasvase máximo informado por el CEDEX -muy superior- no parece que se entienda ni mucho ni bien, por lo que no me extraña que el Secretario de Estado de Medioambiente haya tenido que salir a dar explicaciones, como muestra este recorte de prensa.
Los dos factores que refiere el Secretario de Estado se podían esgrimir, desde tiempos inmemoriales. Yo diría que desde que se concibió el TTS como un hecho en ejecución, desde los años 60.
La amenaza que suponía la intensificación de la revolución verde, con la sola expectativa de que iba a haber agua procedente del Tajo, hizo que día a día se pusieran en regadío numerosas hectáreas ilegales que han ido acabando por legalizarse, y todo con la complicidad del Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Segura y la obediencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo; y para colmo instituciones como el Observatorio de la Sostenibilidad de la Región de Murcia (adscrito a la Universidad de Murcia) llevan alertando de la actual catástrofe del Mar Menor desde hace más de 20 años, con datos e investigaciones objetivas. Los “malvados ecologistas” lo llevaban “profetizando” desde hace 20 años más. Nunca ni por ningún gobierno de la nación -PSOE o PP- se tomaron en cuenta; mucho menos por los gobiernos de Murcia; al contrario, se estigmatizó a sus investigadores como enemigos de España.
Respecto del otro factor al que alude el Secretario de Estado, más de lo mismo, porque los embalses de Entrepeñas y Buendía se han gestionado siempre a la saca y no como reservorios plurianuales. De hecho solo se llenaron cuando acabaron de construirse; después, jamás superaron el 63% de su capacidad de llenado y la mayor parte del tiempo han estado por debajo del 55%. Y esa gestión a la saca se ha ido haciendo cada vez más fuerte y, al tiempo, se iban legalizando nuevos regadíos. Es decir, a menos reserva más regadío, y todo ello con el consabido pretexto del interés general.
¿Puede ser de interés general tener un río Tajo hecho un cadáver y un Mar Menor muerto?
Interés general y principio de precaución son dos argumentos que abundan en nuestra legislación. Al primero siempre se le ha dotado de prevalencia y al segundo se le ha relegado a ser convertido en el futuro en el “principio de reparación”, con el perjuicio añadido de que llegado este momento todo el mundo de sacude las moscas asumiendo la reparación con la misma diligencia que asumieron la precaución.
Personalmente me parece estupendo que alguien con capacidad de cambiar la inercia de catástrofe. a la que han jugado hasta ahora todos los gobiernos, haga estas declaraciones, pero creo que sobran las consabidas referencias al actual gobierno -implícitamente del PSOE- porque los diferentes gobiernos que le han precedido pudieron y tuvieron la ocasión de que no llegáramos donde hemos llegado.
Es más, este gobierno actual lleva desde su inicio ejecutando la misma política del agua que sus antecesores, y lo hace con el pretexto de que “así está la ley”. Ya era hora de interpretarla bajo el principio de precaución, también legal. Ahora falta pasar de las declaraciones y gestos a las acciones coherentes -que no sólo compatibles- con el discurso.
Por cierto, que el Tajo -el río más largo y emblemático de la península ibérica y que ha dado lugar a dos declaraciones de Patrimonio de la Humanidad (Toledo y Aranjuez)- colapsó hace más de 40 años. ¡Tiene narices que el argumento para aminorar el volumen de agua trasvasada desde su cabecera sea el mal estado del Mar Menor y no el estado de coma que sufre el Tajo!
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